Aprobada la Ley de Vivienda en Extremadura. ¿Acabaron los desahucios?

Aprobada la Ley de Vivienda en Extremadura. ¿Acabaron los desahucios?
Aprobada la Ley de Vivienda en Extremadura. ¿Acabaron los desahucios?

Aprobada la Ley de Vivienda en Extremadura. ¿Acabaron los desahucios?

Artículo de Daniel Hierro

En el imaginario de ese grupo cada vez más numeroso que forman quienes sobreviven con el sueldo de un trabajo precario, de quienes se cronifican en las estadísticas trimestrales del paro, la palabra desahucio se ha convertido hoy en una espada de Damocles que a veces cae dejando a su paso sueños y vidas rotas. En respuesta a este problema el Gobierno regional ha elaborado la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, ley que fue finalmente aprobada el pasado 26 de enero tras las aportaciones de los grupos de la oposición. Dicho esto la pregunta que cabe hacerse es: ¿Solucionará de verdad esta ley el problema de emergencia habitacional que sufren miles de jóvenes y familias extremeñas?

Los desahucios por ejecuciones hipotecarias son el fenómeno más conocido de este problema y para ello la extensión de las oficinas de intermediación. En ellas las entidades y afectados deben negociar una solución alternativa cuando se trate de una ejecución hipotecaria, un acuerdo en teoría que debe satisfacer a ambas partes. El problema en este caso es que el deudor no ejerce evidentemente la misma presión que la entidad que amenaza con echarle de su casa, por lo que si se llega al acuerdo suele quedar en una entrega de la vivienda a cambio de la condonación de la deuda, quedando la parte afectada sin vivienda alternativa en la mayoría de los casos. El gobierno había planteado en este caso la posibilidad de expropiación temporal de la vivienda, pero como en otras ocasiones era una medida tan restrictiva que no pasaba de ser un brindis sol. Finalmente y gracias a una enmienda de nuestro grupo se ha modificado el texto para que toda aquella familia en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a esta medida. En caso además de que no pudiera aplicarse existe una pequeña ayuda al alquiler, algo restrictiva también desde nuestro punto de vista.

Esa actitud restrictiva fue aplicada también para rechazar la propuesta que presentamos por ejemplo para proteger a los deudores de buena fe en viviendas de alquiler privado a través de las oficinas de intermediación. El rechazo a estas medidas solamente encuentran explicación en la negativa por parte de la Junta a afrontar la recuperación de una parte de las al menos 100.000 viviendas vacías que hay en Extremadura, y de las que alrededor del 20% pertenecen a grandes propietarios que las mantienen en ese estado solo para especular con ellas. Cualquier solución justa a esta cuestión pasa por poner estos inmuebles a disposición de aquellas personas y familias privadas de este derecho. Sin embargo de las dos enmiendas que presentamos para sancionar a los grandes propietarios de vivienda vacías -y así disuadir a concertar el uso de las mismas con la administración- el gobierno ha aceptado solo la que habilita a los municipios a recaudar un canon municipal sobre las viviendas vacías con cédula de habitabilidad concedida, dejando las viviendas no finalizadas fuera de este gravamen.

Otra de las herramientas fundamentales de protección de este derecho es el uso del parque público. A pesar de su relativa amplitud está prácticamente agotado y la prueba más sangrante es que la Junta se ha convertido uno de los grandes desahuciadores de la región. Bajo la excusa del comportamiento antisocial, que en demasiadas ocasiones no es tal, el gobierno expulsa a familias de las viviendas públicas para que puedan entrar otras. Los datos corroboran este colapso: solo en la ciudad de Badajoz hay más de 9000 solicitudes para apenas dos o tres decenas de viviendas disponibles. Ninguna de nuestras enmiendas para atajar estas políticas han sido aceptadas. No parece por tanto que la solución al problema de los desahucios pueda venir por este lado.

Por último, la otra gran cara de las políticas de vivienda es la del fomento del alquiler. En esta si hemos podido arrancarle al gobierno pasar de los 1,2 millones de euros a los 5 millones de presupuestos mínimos anuales. La aprobación casi unánime de esta medida podría ser un primer pequeño paso en la configuración de una política de vivienda pensada para las personas, no para los negocios de un reducido grupo. A pesar de ello tenemos que señalar que las últimas convocatorias no se han ejecutado como es debido, por lo que esperamos también una rectificación en su gestión.

Como hemos visto por tanto ni los problemas de acceso a la vivienda son solo los desahucios, ni los desahuciados son solo quienes no pueden hacer frente a las cuotas de su hipoteca. Así que si tuviéramos que responder a la pregunta que nos hacíamos al principio sobre si esta ley acabará con los desahucios la respuesta es: solo en parte y si el gobierno deja de firmar leyes para salir en la prensa a cubrir expediente y pasa a aplicarlas con la misma determinación con la que aplican principios antisociales como la reforma laboral o los recortes presupuestarios.

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