Enmmienda totalidad presupuestos 2016

Enmmienda totalidad presupuestos 2016

Enmmienda totalidad presupuestos 2016

En el pleno del 24 de noviembre de 2016, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad , postulando su devolución, a los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año 2016. Esta enmienda fue apoyada por el Partido Popular.

A continuación, los motivos y justificaciones:

“A pesar de que el artículo 78.5. del Estatuto de Autonomía de Extremadura fija el 15 de octubre como fecha límite para la presentación del proyecto de ley de presupuestos, el Gobierno del Partido Socialista lo hace casi un mes más tarde, alterando el calendario de tramitación parlamentaria y manifestando la clara irresponsabilidad y falta de compromiso que tiene con la Comunidad que desgobierna.

Aunque el artículo 79.1 del Estatuto de Autonomía de Extremadura otorgue a la Comunidad plena autonomía de gasto en el marco de sus competencias, la Junta de Extremadura no ha sido capaz de materializarla en aras de construir un presupuesto que realmente sea recuperador de derechos perdidos por la ciudadanía.

Achacando el recorte del presupuesto de un 4’7% a las malas previsiones del anterior gobierno, el Partido Socialista presenta unos presupuestos de un total de 5.114.054.275€, pretendiendo hacer creer a las extremeñas y los extremeños que el proyecto de presupuestos presentado es un rescate a la ciudadanía por los derechos perdidos en la anterior legislatura, siendo en realidad una continuación de las políticas austericidas del Partido Popular levemente maquilladas, en las que el poder de la deuda y el pago de sus intereses condiciona e imposibilita apoyar a la economía real y las políticas sociales.

También el Estatuto de Autonomía, en el artículo 79.2, establece que se realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y que los criterios de transparencia, eficiencia y economía son la respuesta a la programación y ejecución de dicho gasto público. Así, desde Podemos Extremadura no entendemos cómo el Partido Socialista presenta un proyecto de presupuestos que no incluya una auditoría ciudadana de la deuda a fin de conocer cuál es la magnitud, las condiciones y el objeto del endeudamiento que se ha producido en los últimos años, uniéndose a Partido Popular para tumbar la propuesta de impulso presentada por nuestro Grupo Parlamentario. Esta misma alianza es la que firmó la última reforma de la Constitución Española y condenó la política económico-social al yugo del cumplimiento del déficit y priorizar el pago de la deuda, reduciendo, debilitando y eliminando las prestaciones de los servicios públicos fundamentales y culpabilizando a la ciudadanía de la mala praxis de los gobiernos de este país. A la falta de un plan de auditoría ciudadana de la deuda, se le suma la falta de transparencia socialista, ya que, iniciado el proceso de tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos, aún se desconoce el Plan Económico y Financiero enviado al Ministerio de Hacienda en respuesta de la política irresponsable del Partido Popular y, por tanto, lejos queda vislumbrar cuál es el ritmo de reducción de déficit al que someterán a las extremeñas y extremeños.

Este proyecto de presupuestos también contradice lo dicho en el artículo 79.3 del Estatuto de Autonomía, en el que se determina que el gasto púbico territorializado deberá contribuir a la cohesión socioeconómica de la región, equiparando los servicios públicos y las inversiones en sus diferentes zonas, procurando homogeneidad en los municipios de similar población y necesidades equivalentes. En primer lugar, este proyecto de presupuestos no facilita en ningún momento la comparabilidad territorial y, en segundo lugar, dista mucho de ser un proyecto de presupuestos que equipare los servicios e inversiones a las distintas zonas y necesidades de la ciudadanía extremeña.

La cantidad de personas en situación de desempleo en Extremadura no ha hecho más que aumentar en los últimos años hasta situarse en 144.000 personas según la última Encuesta de Población Activa, cifras nefastas que sitúan a Extremadura en una de las cuatro comunidades con mayor tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y con más de 10 puntos de diferencia con la tasa nacional, tal y como se publica en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Nuestra comunidad también está en la cabeza del ranking de las mayores tasas de personas en riesgo de pobreza, de personas viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo, y presenta unos niveles altos y una evolución desenfrenada de los niveles de carencias materiales; por tanto, Podemos Extremadura no puede admitir un proyecto de ley de presupuestos que basa sus políticas de empleo y vivienda en parches temporales continuistas de las políticas del antiguo Gobierno Socialista y poco modificador de las medidas del Gobierno Popular. Mucho menos nuestro Grupo Parlamentario apoyará un proyecto de presupuestos inespecífico en materia de empleo, que parte de una línea de salida insuficiente y que se dirige a una meta no cuantificada e incierta, con el único objetivo de hacer propaganda de un ficticio proyecto de presupuestos recuperador de derechos perdidos en materia de empleo y que es la mera continuación de un gobierno que se olvidó por completo del empleo y de las personas. La procrastinación y la culpabilización es el único argumento socialista ante los terribles datos de las Encuestas de Población Activa y de las estadísticas de paro registrado y contratos del Servicio Público de Empleo Estatal, al que responden con un presupuesto continuista de fragmentación y división del empleo, escaso e ineficaz que no resuelve la elevada tasa de paro ni frenar o disminuir su tendencia, situándose en niveles de diciembre de 2011. Mucho menos pretende disminuir la diferencia entre géneros.

En este sentido, son múltiples las atribuciones en materia de Renta Básica y recuperación de derechos perdidos, cuando en realidad el proyecto de ley de presupuestos no contempla un análisis pormenorizado de los objetivos a cumplir en Renta Básica ni garantiza su completa ejecución, situando a las personas perceptoras en un limbo de inseguridad y desinformación que no les permiten ver satisfechos los objetivos de la percepción de la renta básica. Sin duda, estamos ante un proyecto de presupuestos clientelares, que pretende hacer totalmente dependientes a las extremeñas y extremeños que perciben la Renta Básica, en lugar de usarla como instrumento de garantía de inserción laboral.

Por otro lado, 7.729€ es la renta media por persona en Extremadura, la más baja de España y la más baja desde que existen datos. El decrecimiento continuado y continuismo de políticas de empleo y políticas económicas que no buscan el fortalecimiento del modelo productivo extremeño que sostenga la economía de la comunidad y que disminuya la pobreza es el resumen del proyecto de presupuestos. Imposible la resolución de esta problemática si el proyecto reduce las actuaciones de carácter económico un 7’3%, concretamente las actuaciones en empresa casi un 3%, las de innovación y tecnología un 5% y las de infraestructuras un 20’5%, condenando así a la Comunidad Autónoma a la continuidad de las deficiencias económicas e industriales que venimos arrastrando a lo largo de la historia. En otras palabras, el proyecto de presupuestos no materializa el cambio productivo que Extremadura necesita pues no establece qué tipo de industria ni qué modelo energético queremos en la Comunidad, pretendiendo recortar drásticamente el apoyo a las infraestructuras y a la creación de empresas y apoyando los recortes producidos en el pasado en I+D+i, que nos sitúan en una posición de baja competitividad en relación al resto de Comunidades Autónomas. Tampoco hay nuevos apoyos a sectores emergentes y la promoción y el apoyo de la industria agroalimentaria, sector fundamental en nuestra región, es totalmente insuficiente.
Las partidas sanitarias y educativas consolidan la imagen clientelar, electoralista y continuista del proyecto de presupuestos. Pese a que se muestra un aumento de un 12’5% del proyecto de presupuesto sanitario, la realidad es que casi la mitad de este aumento corresponde al gasto farmacéutico, que pone en tela de juicio el sistema sanitario defendido por el Gobierno y que realmente no materializa una mejora en el servicio y atención sanitaria a las personas en Extremadura. El mismo camino sigue el proyecto de presupuesto educativo, aun aumentando la partida en un 4’8% no cumple lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley de Educación de Extremadura, cayendo las dotaciones de inversiones de mejora de infraestructuras, educación especial, atención a la diversidad o tecnologías de información y comunicación. Además, la propaganda del aumento de la plantilla de profesores no materializa las necesidades reales que manifiestan los sindicatos, tratándose de medidas insuficientes y puramente electoralistas.

A mayor abundamiento, el proyecto de ley de presupuestos no manifiesta ninguna sensibilidad ni compromiso adicional con la cultura extremeña –sí con la tauromaquia-, con la juventud o en materia de cooperación al desarrollo, manteniéndose prácticamente los recortes acumulados en las políticas de las anteriores legislaturas. Lejos queda también la correcta presupuestación de la partida del Consejo Consultivo, cuya composición aún sigue en trámite parlamentario, así como la supresión de privilegios de expresidentes, de diputados, salarios excesivos y demás beneficios inherentes al cargo político que una minoría alejada de su pueblo ostenta.

Por último, el proyecto de ley de presupuestos aparece financiado con unos impuestos totalmente regresivos, con predominio de los impuestos indirectos y una disminución de los impuestos directos. Además, las estimaciones de recaudación de ingresos impositivos en los presupuestos presentados son demasiado optimistas, por encima del nivel de crecimiento económico. La estructura impositiva del sistema tributario extremeño no es equitativa puesto que los ingresos por impuestos indirectos –iguales para todos los contribuyentes- casi duplican la de los impuestos directos –que gravan según las capacidades de pago-, estando previsto un incremento en la recaudación de los impuestos indirectos frente a una disminución de los impuestos directos. Con lo cual es evidente que el sistema tributario cumple mal su función redistributiva. Consideramos que antes del proceso de tramitación del proyecto de ley de presupuestos se tenía que haber producido una profunda reforma tributaria que hubiese mejorado, cambiado y redistribuido la situación impositiva extremeña, alejada de un proceso electoral que pueda viciar decisiones y perjudicar la recaudación y financiación de los proyectos de la Comunidad”.

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