La Asamblea aprueba la flexibilización higiénico-sanitaria para la transformación de productos agrícolas

La Asamblea aprueba la flexibilización higiénico-sanitaria para la transformación de productos agrícolas

La Asamblea aprueba la flexibilización higiénico-sanitaria para la transformación de productos agrícolas

En el pleno del 19 de noviembre de 2015, el Grupo Parlamentario Podemos llevó una propuesta de impulso para establecer el marco normativo para la flexibilización de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria y crear el Registro de Empresas Alimentarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La propuesta salió adelante porque sólo el Partido Popular votó en contra.

“Queremos que las pequeñas producciones artesanas tengan criterios de flexibilidad, como permite la Unión Europea, para poder transformar y comercializar los productos de la tierra, sin que ello repercuta en una merma de la calidad y salubridad”, apunta Irene de Miguel. La diputada de Podemos añade que no se pueden exigir las mismas condiciones a una gran industria transnacional que a una pequeña agricultora extremeña.

“Esta propuesta también contribuye a dignificar las producciones artesanas, aumentar la oferta de productos de calidad hechos en Extremadura y proteger nuestra cultura gastronómica. En definitiva, es una apuesta firme y decidida por la pervivencia del mundo rural en nuestra región”, añade.

Las normativas europeas permiten que exista esta flexibilización pero previamente cada territorio, en este caso la Comunidad Autónoma de Extremadura, debe definir unas líneas concretas de actuación. Y esto es lo que el Grupo Parlamentario Podemos quiere que se desarrolle en Extremadura, siguiendo el ejemplo de países como Francia, Austria, Italia, Irlanda o Alemania donde las pequeñas empresas productoras tienen más facilidad para llevar sus productos a los mercados.

Con esta propuesta, además de apoyar a las empresas de transformación agroalimentaria de la región, Podemos busca establecer un marco que abogue por un cambio en el modelo de desarrollo rural, encaminado hacia la soberanía alimentaria, un modelo productivo más sostenible que haga visible a los pequeños y pequeñas productoras que son quienes vertebran el territorio y dinamizan el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

“El objetivo es tener una mayor soberanía y capacidad de actuación con lo que nos da la tierra y que la administración facilite los procedimientos, en lugar de poner trabas que sólo benefician a las grandes compañías”, explica Irene de Miguel.

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