Ley contra la pobreza energética

Ley contra la pobreza energética

Ley contra la pobreza energética

El Grupo Parlamentario Podemos en la línea de establecer de manera urgente un rescate ciudadano presentó el día 30 de octubre de 2015 una propuesta de Ley para paliar y reducir la pobreza energética en Extremadura.

La pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos que no ha hecho más que agravar la situación. Medidas como el bono social eléctrico u otras como el bono social de empresas suministradoras de agua no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar el suministro energético para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces”, recoge la exposición de motivos.

Las organizaciones de consumidores calculan que el precio de la electricidad ha subido más de un 60 por ciento desde 2008. Además, el estudio sobre pobreza energética realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales señala que cada invierno mueren 200 personas en Extremadura por causas relacionadas con este tema. Aun siendo la tercera Comunidad Autónoma más afectada por este grave problema, Extremadura no ha desarrollado ninguna política para combatirla.

Por todo ello, el objeto de la propuesta de ley presentada por Podemos es la adopción de medidas de choque para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello se establece la definición y establecimiento del término ‘hogar vulnerable’ conllevará el acceso a una ayuda para el pago de los insumos energéticos. Dicha ayuda se mantendrá durante el tiempo que dure la declaración como ‘hogar vulnerable’ y se realizará según criterios de progresividad.

De nuevo, y siguiendo una actitud que se ha convertido en habitual, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura vetó esta propuesta legislativa el 2 de diciembre de 2015. El argumento es que se aumentaba el presupuesto, aunque de nuevo no se adjuntó ningún informe técnico que así lo acreditara.

Por ello, volvió a presentar la iniciativa legislativa indicando expresamente que la ley debería entrar en vigor en 2016, de modo que se pudiera incluir en los próximos presupuestos. El 13 de enero de 2016, en el plena negociación de presupuestos, el Consejo de Gobierno volvió a vetar la ley.

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