PP y PSOE se niegan a que los comedores escolares usen productos locales y de calidad

PP y PSOE se niegan a que los comedores escolares usen productos locales y de calidad

PP y PSOE se niegan a que los comedores escolares usen productos locales y de calidad

En el pleno del 26 de mayo de 2016, el Grupo Parlamentario Podemos llevó una propuesta de impulso para mejorar la gestión de los comedores escolares. Para ello solicitaba que en las cláusulas de licitación se incluyeran algunas para fomentar la participación de las pymes, para que el precio no fuera el principal elemento de baremación, para que se primaran los productos de cercanía y calidad, así como impulsar un plan de información y formación hacia la comunidad educativa y los profesionales afectados para promocionar el consumo de productos de temporada, ecológicos y de proximidad y los hábitos saludables, entre otras cosas.

Pero tanto PP y PSOE votaron en contra -Ciudadanos se abstuvo-, lo que demuestra que sus políticas de gestión de lo público priman las grandes compañías globales, poco arraigadas en el territorio y que, en muchos casos, ni tributan en Extremadura.

“La gestión de los comedores escolares en nuestra región ha pasado en pocos años de un modelo local, gestionado directamente por los centros educativos donde los alimentos eran adquiridos a productores de la zona, creando sinergias con el tejido socioeconómico de nuestras zonas rurales además de tratarse de productos de calidad y de temporada lo que contribuía en alto grado al mantenimiento de la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, de distribución y consumo, a otro modelo de ‘línea fría’. Un modelo que no sólo supone el deterioro en cuanto a calidad de los productos consumidos y de la prestación realizada, cuyas consecuencias perjudican al conjunto del alumnado y de las familias usuarias de estos servicios, sino que tampoco beneficia en nada a la empresa e industria local dedicada a la producción y restauración, que no puede competir en la prestación de tales servicios debido, a las condiciones de licitación en que se oferta este contrato. En conclusión, este modelo favorece a las grandes empresas de carácter global sin arraigo en la región”, denunció la diputada Irene de Miguel en el pleno.

“En la línea de los preceptos de la economía social consideramos que las licitaciones públicas deben de valorar otros criterios aparte del precio como la garantía del respeto a los derechos laborales, políticas de igualdad en la empresa, utilización de productos locales, de temporada o de comercio justo. La compra pública es una herramienta estratégica que tienen las administraciones para que el dinero público pueda generar riqueza y empleo en el territorio pero también para avanzar en los objetivos de sostenibilidad, equidad y reparto de la riqueza”, añadió.

Comparte: