Ley de Emergencia Ciudadana

Ley de Emergencia Ciudadana

Ley de Emergencia Ciudadana

En la coyuntura actual de crisis que ha ocasionado abundantes situaciones de personas con incapacidad para hacer frente a las necesidades básicas y esenciales, no es concebible que determinados procedimientos administrativos se demoren en su tramitación, independientemente que la causa. La garantía de unos mínimos vitales para la ciudadanía se puede valer de constituir una declaración como Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) para que, una vez clasificados así, estén sujetos a especificidades en materia de prioridad presupuestaria y de tesorería, de urgencia de plazos, así como de especial dotación de recursos humanos y materiales para su tramitación.

El objeto de la ley, registrada el 1 de septiembre de 2015, es definir el concepto de Procedimiento de Emergencia Ciudadana y establecer medidas de carácter urgente como generar mecanismos eficaces y evaluables que permitan agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos que den prioridad a las necesidades vitales de la ciudadanía más desfavorecida.

Sin debate parlamentario, el Consejo de Gobierno vetó esta ley de Podemos el 9 de octubre de 2015, argumentando que aumentaría los presupuestos en curso, aunque no se añadió ningún anexo ni documento que justifique esta decisión. Podemos recordó en su momento que esta ley tiene un coste cero, y sólo es necesario reorganizar los recursos de la Administración.

Aún así, el Grupo Parlamentario Podemos volvió a registrar la propuesta legislativa, el 21 de octubre, especificando la fecha de entrada en vigor, el año 2016, para evitar que así afectase a los presupuestos en curso, motivo alegado por el Consejo de Gobierno.

De nuevo, y por segunda vez, el Consejo de Gobierno vetó esta propuesta de ley el 25 de noviembre de 2015.

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