Una estafa con guante blanco y letra pequeña

Una estafa con guante blanco y letra pequeña
Una estafa con guante blanco y  letra pequeña

Una estafa con guante blanco y letra pequeña

Artículo de Irene de Miguel

Según las organizaciones de consumidores las claúsulas suelo son el mayor fraude perpetrado contra los consumidores en la historia de nuestro país. Cerca de un millón y medio de afectados y 4.200 millones de euros que los bancos deben devolver. Tras muchos años de lucha, las organizaciones de afectados han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión europea les de la razón y sentencie que los bancos deben devolver las claúsulas suelo a los afectados con carácter retroactivo.

Ya en el año 2013 FACUA-Consumidores en Acción (organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores) denunció a 20 entidades bancarias por este gran fraude. La Junta de Extremadura tiene competencias en materia sancionadora para cuestiones de consumo y es evidente que se ha cometido un fraude contra los consumidores pero el gobierno del Señor Monago decidió dar la espalda a estos ciudadanos y no movió un dedo por ellos.

Recientemente se ha aprobado un Real Decreto con el apoyo del tripartito (el PP, la gestora del PSOE y Ciudadanos a los que les sienta muy mal no salir en la foto) que en vez de mirar por los intereses de los ciudadanos que han sido estafados pone por el contrario alfombra roja a los bancos para evadirse de reembolsar todo el dinero que estafaron a sus clientes. Este Real Decreto no obliga a los bancos a devolver el dinero, sólo les obliga a sentarse a negociar con los ciudadanos y finalmente los bancos deciden qué son claúsulas suelo y qué no. Los bancos no pueden ser jueces y parte de este proceso además de que no todas las personas tienen los mismos conocimientos ni capacidades para sentarse a negociar con los estafadores. Es como si a un carterista al que se pilla in fraganti se le da la posibilidad de sentarse a negociar con la persona a la que ha robado la cartera y además puede decidir el devolvérselo sólo a aquellos que él considere que ha robado.

Los consumidores vuelven a estar en situación de grave vulnerabilidad frente a los bancos en estos procesos de negociación. Es indispensable que las administraciones regionales y municipales ayuden a los consumidores y pongan todos los recursos materiales y humanos a su disposición para poder hacer efectiva la sentencia del tribunal Superior de Justicia Europeo. El Ayuntamiento de Madrid ya ha dado los primeros pasos y ha habilitado unas oficinas de asesoramiento para ayudar a los consumidores, unas oficinas que se han visto desbordadas por la ingente cantidad de expedientes que han llegado y que han tenido que abrir por distritos para poder hacer frente a la avalancha de ciudadanos que no se fían de esas mesas de negociación. El gobierno del Sr Fernández Vara está tardando en seguir el ejemplo de este Ayuntamiento del cambio y abrir por toda nuestra geografía oficinas que ayuden a solventar esta grave situación de desamparo en la que se encuentran muchos ciudadanos a raíz de la aprobación de este Real Decreto. No es justo que sólo se devuelva el dinero a aquellos que tienen la suficiente capacidad para negociar osea, aquellos que pueden pagarse un abogado.

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